FORMULAN CARGOS POR USURPACIÓN CONTRA DOS PERSONAS POR LA OCUPACIÓN DE UN CAMPO EN LOS MANANTIALES

El Juez Juan Manuel Montiveros Chada, titular del Juzgado de Garantía Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, tuvo por formulados los cargos contra Zulma Karina Fernández y Juan Pablo Puertas por el presunto delito de usurpación de un inmueble rural ubicado en la localidad de Los Manantiales, departamento Belgrano.

La audiencia se llevó adelante a pedido de la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 2, representada por la Fiscal Adjunta Ornella Costa. En el proceso también intervino la querella, representada por la abogada María Alejandra Liceda en representación del denunciante, Jonathan Fernández. La defensa de los imputados estuvo a cargo de los abogados Zarif y Karim Neme.

Según expuso la fiscalía, los hechos se habrían iniciado en mayo de 2023 en un campo ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 15, a la altura del kilómetro 24, en el paraje Las Porteñitas. De acuerdo con la acusación, los imputados habrían permanecido en el lugar luego de que el propietario les solicitara la restitución del inmueble, el cual habrían ocupado inicialmente de manera provisoria.

La fiscal explicó que, años atrás, el padre del denunciante permitió que una familiar y su pareja —hoy imputados— se instalaran temporalmente en la propiedad mientras finalizaban la construcción de su vivienda en un terreno contiguo. Sin embargo, cuando el propietario solicitó la devolución del campo para concretar su venta, los ocupantes se habrían negado a abandonarlo.

De acuerdo con la imputación, en mayo de 2023 el denunciante se presentó en el predio y constató que la vivienda estaba finalizada y que los imputados habrían alquilado parte del terreno a un tercero para pastoreo. En ese contexto, según la acusación, le habrían manifestado que no devolverían el inmueble y que debía retirarse del lugar.

La fiscalía sostuvo además que los imputados habrían cambiado los candados de las tranqueras y los cerramientos perimetrales, impidiendo el ingreso del propietario. Asimismo, señaló que en comunicaciones posteriores le habrían exigido el pago de 10 mil dólares para restituir la propiedad, alegando gastos por mejoras e impuestos abonados sobre el inmueble.

En este marco, el Ministerio Público Fiscal solicitó como medidas de coerción que los imputados firmen el libro de imputados ante la Unidad de Gestión Fiscal una vez al mes durante cuatro meses y la prohibición de salida de la provincia por el mismo plazo.

La querella adhirió a lo expuesto por la fiscalía e hizo reserva de solicitar el lanzamiento de los ocupantes del inmueble, una medida prevista en el Código Procesal Penal que permite restituir la posesión a la presunta víctima durante el proceso.

Por su parte, la defensa se opuso a la formulación de cargos y al pedido de medidas coercitivas. Los abogados sostuvieron que no existen pruebas suficientes que acrediten la comisión del delito de usurpación y remarcaron que existe un proceso civil en trámite por desalojo entre las mismas partes.

Según argumentaron, sus defendidos ejercen actos de posesión sobre el inmueble desde hace varios años, realizando mejoras, pagando impuestos y fijando allí su domicilio. En ese sentido, consideraron que el conflicto debe resolverse en el ámbito civil y no en sede penal.

Tras escuchar a las partes, Montiveros Chada resolvió admitir de manera provisoria la formulación de cargos contra Zulma Karina Fernández y Juan Pablo Puertas por el delito de usurpación, lo que habilita el inicio de la investigación penal preparatoria.

El magistrado explicó que esta etapa tiene como objetivo reunir y producir pruebas para determinar si los hechos denunciados constituyen un delito y si los imputados tuvieron responsabilidad en ellos. Asimismo, aclaró que la imputación es provisoria y no afecta el principio de inocencia de los acusados.

En relación con las medidas de coerción solicitadas por la fiscalía, el juez resolvió rechazarlas al considerar que no se acreditaron riesgos procesales que justifiquen su imposición en esta instancia. También dejó constancia de la reserva planteada por la querella para solicitar el lanzamiento del inmueble en una etapa posterior del proceso.

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